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01 Dic 2017

El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas para combatir irregularidades y estafas en el comercio electrónico


Según las últimas cifras que manejan las autoridades europeas, el 37% de las páginas web dedicadas al comercio electrónico –venta de viajes, ocio, ropa, bienes electrónicos y servicios de crédito–, incumplen las normas de la UE sobre consumidores.

Para combatir esta situación, así como evitar fraudes y estafas a través de Internet, el Parlamento ha aprobado un conjunto de nuevas normas que además favorecen una detección rápida de los profesionales deshonestos y la lucha proactiva para su localización.

Esta regulación otorga a las autoridades competentes de los países miembros más poder para detectar y detener la violación de las leyes de derechos de los consumidores en comercio electrónico, al tiempo que poder coordinar acciones en el marco de toda la UE de una forma más eficiente. Para ello, se ha sometido a revisión el Reglamento sobre Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC).

Los cambios introducidos pretenden acabar con algunos vacíos legales que se agravan debido a las diferencias entre países. De esta forma, los estados adquirirán competencias como la de pedir información a los registradores de dominios y bancos para identificar a profesionales deshonestos. Además, podrán realizar compras de prueba de bienes y servicios, actuando como “compradores misteriosos”.

La nueva normativa también permitirá imponer la exposición de advertencias explícitas en una web, eliminar contenidos digitales o restringir el acceso a determinadas páginas o aplicaciones, a falta de otra forma efectiva para detener una práctica ilegal. Estas modificaciones también incluyen la aplicación de sanciones y multas, y la posibilidad de informar a los consumidores a la hora de solicitar compensaciones.

La Comisión Europea, por su parte, coordinará las acciones relacionadas con aquellos casos en los que exista el riesgo de perjuicio para los consumidores en al menos dos tercios de los estados miembros y que representen a al menos dos tercios de la población europea.

La normativa también refuerza el papel de las organizaciones de consumidores y su papel vigilante y de alerta ante las autoridades, siempre que detecten posibles infracciones.

El texto legislativo fue aprobado por una amplia mayoría de los parlamentarios y ahora queda el trámite de su adopción formal por el Consejo Europeo. La nueva normativa podrá aplicarse 24 meses después de la fecha de entrada en vigor.



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